En la relación entre Gustavo Petro y la justicia colombiana, el amor parece depender exclusivamente del resultado del fallo. Cuando la tijera judicial corta a favor, Petro sonríe como niño mecateando dulces; cuando corta en contra, se desata un espectáculo de desdén y gruñidos. Véase el caso reciente de un general suspendido por la Procuraduría por presuntos nexos con disidencias: Petro, lejos de aceptar la suspensión, lo mantiene en el cargo exhibiendo un cariño que raya en el nepotismo cuasi militar. Lo mismo ocurrió con Álvaro Leyva, que paso de ser un protegido en el caso de los pasaportes, a enfrentar imputaciones mientras Petro cambia de lealtad con la misma rapidez con la que cambian los vientos judiciales de sus colaboradores.
Pero si hay un episodio que merece capítulo aparte en esta telenovela de afectos volátiles, es el de la UNGRD. Ahí tenemos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes pasaron de ser los alfiles de confianza, los encargados de llevar el «cambio» a las regiones (o los maletines al Congreso, según se mire), a convertirse en los villanos favoritos de la narrativa presidencial. Mientras Olmedo guardaba silencio, era un funcionario clave; apenas prendió el ventilador y salpicó a ministros y al círculo más cercano a Petro, se transformó mágicamente en un «traidor» digno del destierro moral. La defensa férrea se convirtió en ataque despiadado, no porque el acto de corrupción sorprendiera, sino porque la confesión incomodaba. Es el clásico «te quiero mientras me seas útil; si hablas, no te conozco».
Petro no solo es feliz defendiendo a sus amigos. También celebra cuando la justicia frena a sus adversarios o facilita sus reformas. Un ejemplo es la fallida ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad: aunque la Corte la tumbó, le otorgó un plazo de gracia de dos años, permitiéndole a Petro disfrutarla un poco más. Del mismo modo, usa los fallos que paralizan reformas impopulares para argumentar que la justicia es garantía de equilibrio, un equilibrio bastante selectivo, eso sí. Y no faltan los regaños a ministros o instituciones que él aprovecha para exhibir su poder.
En contraste, cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia social en La Guajira, o cuando el Consejo de Estado anuló las elecciones de congresistas de su coalición, el tono viró hacia la crítica mordaz y los cuestionamientos a la independencia judicial. En esos casos, claro está, la justicia pasa a ser un «estorbo» para el cambio que él dice representar.
Ni hablar de su voluntad de «reescribir la Constitución» para que las matemáticas judiciales no le fallen, o su habilidad para usar la ley como blindaje personal tras haber recibido indultos en el pasado.
En resumen, Gustavo Petro parece padecer un amor romántico y casi patológico por la justicia a la carta: la ley es buena solo si le gusta, si le conviene y si favorece a sus acólitos. Si la rama judicial es amiga, merece alabanzas; si es enemiga, es fuente de conspiraciones. Un «síndrome de amor selectivo» judicial que bien podría ser la próxima categoría de diagnóstico político en Colombia. Si Lord David Owen buscara hoy al ‘paciente cero’ para actualizar su teoría del Síndrome de Hubris, ya tendría tiquete comprado hacia la Casa de Nariño. Lo de Petro trasciende la simple terquedad; es esa embriaguez de las alturas donde el líder deja de pisar el suelo para levitar sobre la realidad. En su psiquis, él no rinde cuentas ante la lay de los hombres, esos son meros trámites burocráticos para un elegido, él siente que rinde cuentas ante el ‘Tribunal de la Historia’ y el ‘Pueblo’, dos entidades abstractas que, casualmente, siempre opinan exactamente igual que él. Por eso, cuando la justicia lo frena o cuando la corrupción de la UNGRD le salpica los zapatos, su reacción no es la de un gobernante que corrige el rumbo, sino la de un mesías ofendido: para él, la ley solo es válida si sirve de alfombra roja para su paso; si se atreve a ser un muro de contención, automáticamente se convierte en una conspiración cósmica contra la luz.»
Cogitaciones meas 