Desde que amaneció el año, el barrio huele a natilla recalentada, pólvora rezagada y miedo a la factura. En la portería del edificio, el guarda de seguridad hace números en una libreta vieja, “Dicen que ahora sí estamos en salario vital, doctor, que son dos millones justicos con el auxilio”. Eso dijo anoche Noticias Caracol, 1.750.905 pesos de básico, 249.095 de auxilio, para un total redondo de 2 millones, aumento del 23,78% por decreto presidencial, sin acuerdo con empresarios ni sindicatos y por encima de la inflación y productividad. Vital, sí, pero para los costos fijos.
El salario vital y los muertos de hambre
En la alocución, Gustavo Petro habló de “salario mínimo vital de dos millones”, evocando definiciones de la OIT sobre un ingreso que cubra alimentación, vivienda y salud, como si con una cifra se pudiera conjurar el mercado. Sin embargo, medios económicos y bancos advertían desde septiembre que un aumento tan por encima de la ecuación clásica (inflación + productividad) se traduciría en más presión inflacionaria, más tasas de interés altas y más informalidad, especialmente en micronegocios urbanos.
En la tienda de la esquina, doña Gloria ya hizo la traducción automática: si el muchacho que le ayuda debe ganar esos dos millones con prestaciones, el costo real se le sube a casi tres, la única forma de cuadrar caja es subir la gaseosa, reducir el ayudante a medio tiempo o volver al viejo método de “te doy algo diario, pero sin papeles”. Las cifras de gremios y portales especializados coinciden en ese cálculo, con el nuevo mínimo, el paquetazo laboral (salario, parafiscales, prestaciones) se dispara, y lo primero que se resiente no es el discurso del presidente sino la nómina del barrio.
La administración, la portería y la señora del aseo
En la asamblea de copropietarios, alguien levanta la mano: “¿Y por qué la administración va a subir casi 25% si el arriendo solo se puede ajustar con el IPC?”. La ley es clara: los arriendos de vivienda se actualizan con inflación, no con salario mínimo, incluso medios como Caracol y La FM insisten en la diferencia entre lo que sube con IPC y lo que sube con SMLMV. Pero en la hoja de ingresos del edificio, lo que pesa no es el canon de arrendamiento sino los contratos de vigilancia y aseo, cuyos trabajadores ganan salario mínimo o muy cerca, y que ahora deben ajustarse en línea con el decretazo.
La FM y otros portales hablan de cerca de 70 bienes, servicios y trámites que se mueven directo con el mínimo: cuotas moderadoras en salud, servicios notariales, algunos arriendos no residenciales, vivienda de interés social, matrículas educativas y por supuesto servicios domésticos, convirtiendo el “salario vital” en un índice encubierto de encarecimiento general. En la práctica, la administración del edificio se vuelve un pequeño ministerio de Hacienda de barrio: recalcula el contrato de la empresa de aseo, renegocia con la vigilancia, sube la cuota mensual y se gana de gratis el odio de los vecinos, mientras en televisión repiten que el problema son “los intermediarios codiciosos”.
La empleada por días y el lujo de trapear
En la cocina de un apartamento de estrato medio, la noticia se mide en trapos de piso. La señora que antes iba dos veces por semana a “hacer lo grueso” ahora escucha que su pago legal por día debe rondar los 66.700 pesos entre salario y auxilio de transporte, según cálculos divulgados por Infobae para 2026. El reportaje detalla cómo, con el nuevo mínimo el trabajo doméstico mensual y por días se encarece de manera abrupta, obligando a las familias a escoger entre formalizarse a ese costo, recortar jornadas o despedir en silencio a quien llevaba años sosteniendo la casa.
Sindicatos de trabajadoras del hogar y analistas entrevistados por W Radio y otros medios celebran el reconocimiento simbólico, pero alertan sobre el riesgo real: el aumento alimenta la resistencia de empleadores, reduce días de trabajo, aumenta la carga de tareas por menos horas y empuja de vuelta a muchas mujeres a la informalidad cruda del “le pago lo que pueda y sin seguridad social”. Esa es la ironía perfecta para una columna: el decreto que se firma en nombre de la dignidad termina empujando, por el lado, a que la dignidad se negocie otra vez en efectivo y sin contrato en la mesa del comedor.
Multas, matrículas y otras maneras de llamar al tributo
Al fondo del barrio, frente al colegio de los hijos, la rectoría pega una circular: “Por ajuste del salario mínimo, las matrículas y pensiones se incrementarán en…”. En paralelo, portales como Bloomberg Línea, Semana y La FM publican listas de tarifas que suben con el nuevo SMLMV: multas de tránsito denominadas en salarios mínimos, matrículas de instituciones que usan esa unidad, vivienda de interés social cuyo techo en pesos escala automáticamente, servicios notariales, copagos y cuotas moderadoras de salud. Lo que parece un ajuste a favor del trabajador se convierte en un multiplicador silencioso de todos los cobros que el Estado y el sector privado decidieron amarrar al mínimo, por comodidad recaudatoria más que por justicia social.
En W Radio, un informe sobre el tema detalla cómo incluso los aportes a seguridad social, ciertos arriendos comerciales y trámites varios “actualizan” su valor en bloque con el nuevo salario, mientras los ingresos de quienes ganan uno y medio, dos o tres mínimos dependen de la voluntad del empleador o de la salud de la empresa. Ahí aparece el personaje perfecto para rematar la escena: el profesional freelance que no ve aumento, pero paga más por todo lo que el presidente decidió bautizar salario vital, un Robin Hood invertido que le quita al que flota apenas sobre el agua para prometerle al ahogado que el mar ahora es más hondo pero más digno.
La salud mínima
En la sala de espera de la EPS, el “salario vital” se vuelve ficha de turno. Con el aumento, las cuotas moderadoras del régimen contributivo (que se calculan según el ingreso expresado en salarios mínimos) suben de manera automática: para quienes ganan menos de 2 mínimos pasan de unos 4.700 a cerca de 5.781 pesos por consulta, para los que devengan entre 2 y 5 mínimos saltan de unos 19.200 a más de 23.600, y para los de más de 5 mínimos rondan ahora los 61.800 pesos, de acuerdo con estimaciones de La FM, El Nuevo Siglo y Noticias RCN para 2026. Es decir, el mismo decreto que promete mejorar el acceso a la salud de los trabajadores termina encareciendo cada puerta de entrada al sistema, golpeando especialmente a esa clase media baja que no es lo bastante pobre para ser subsidiada, ni lo bastante rica para que la cuota moderadora sea un simple redondeo del bolsillo.
Epílogo en el bus urbano
La columna podría cerrar en un bus urbano saturado a las seis de la tarde. El conductor escucha en la emisora el debate sobre si el aumento del 23% es populista o histórico, mientras mentalmente calcula cuánto subirá el pasaje, cuánto le pagarán a él y cuántos puestos desaparecerán cuando el dueño de la flota pase lápiz a la planilla. Los analistas de Bancolombia y otros bancos ya anticipan que con un salario mínimo tan por encima de los fundamentos, el Banco de la República tendrá menos margen para bajar tasas, el crédito se encarecerá y el crecimiento se resentirá, al país le subirán, poco a poco, los frenos de mano.
Desde la ventana, el barrio sigue igual de roto, pero ahora oficialmente “vital”. El decreto multiplicó por decreto el valor de la mano de obra barata, pero también el precio de trapear, de enfermarse, de estudiar, de equivocarse al volante y de vivir en arriendo.
Queda, para quien escribe, la tarea de narrar ese pequeño ajuste contable que convirtió el salario mínimo en el nuevo sinónimo de máximo esfuerzo para llegar a fin de mes: una cifra de 2.000.000 impresa en el Diario Oficial y cobrada, con intereses, en cada esquina del barrio.
Cogitaciones meas 