Hay que reconocerlo: Colombia ha logrado algo que parecía imposible. Hemos inventado un sistema político donde los currículums más robustos en materia de secuestro, narcotráfico y reclutamiento forzado de menores no solo no te descalifican para el Congreso, sino que te garantizan una curul. Es el único país donde «experiencia en terrorismo» cuenta como mérito en la hoja de vida legislativa.
Timochenko y sus compañeros de Comunes llegaron al Capitolio no para convencer a los votantes, porque en elecciones libres no consiguen ni los votos de sus propias familias, sino por decreto, un hecho que pone de manifiesto la desconexión profunda entre la política institucional y la realidad del electorado. Curules especiales, cortesía de unos acuerdos de paz que confundieron «justicia transicional» con «impunidad institucionalizada», lo cual ha generado un enojo generalizado entre la población que anhela ver un verdadero proceso de reconciliación, en lugar de la simple replicación de los privilegios de una élite política que ha jugado con el sufrimiento de millones. Este contexto evidencia la necesidad urgente de restablecer la confianza en las instituciones democráticas y la representación genuina, así como de fomentar un diálogo que no ignore las voces de quienes realmente sufrieron las consecuencias del conflicto.
La fórmula es brillante en su cinismo: confiesas algunos crímenes (los que ya todo el mundo conoce), te declaras arrepentido (con la convicción de un niño pidiendo disculpas obligado por su mamá), aceptas unas «penas alternativas» que consisten básicamente en no irte de vacaciones a ciertos lugares, y ya eres legislador. Este proceso surrealista parece diseñado más para burlarse de la justicia que para servirla, creando una especie de círculo vicioso donde los culpables son tratados como héroes y donde la verdadera culpa se diluye en el aire viciado de la política. Al final, el espectáculo es tan ridículo que los ciudadanos, resignados, se ven obligados a aplaudir el ingenio de esta estratagema tan peligrosa como efectiva, dejando a un lado la indignación y aceptando una realidad que, en lugar de castigar el delito, lo convierte en un pase de acceso a las esferas del poder.
¿Las violaciones sistemáticas? Ah, de esas no hablamos tanto. ¿El reclutamiento de niños que les robaron la infancia? Bueno, es que la guerra es compleja. ¿Los cincuenta años de secuestros, de familias destruidas, de cadáveres en fosas comunes? Mira, mejor hablemos de la «paz». La Jurisdicción Especial para la Paz se vendió como un mecanismo para conocer la verdad. Pero resulta que la «verdad» es selectiva, conveniente, dosificada. Es la verdad que les sirve contar, no la que las víctimas necesitan escuchar. Es confesar lo evidente mientras se oculta lo atroz.
Y mientras tanto, ahí están, votando leyes en el Congreso. Los mismos que pusieron collares-bomba en el cuello de civiles ahora votan el presupuesto nacional. Los que coordinaban «pescas milagrosas» secuestrando gente en carreteras ahora debaten sobre movilidad. Los que extorsionaron durante décadas opinan sobre política tributaria. Es como si a Pablo Escobar le hubieran dado un ministerio a cambio de prometer portarse bien.
Lo más perverso del asunto es que este modelo se nos vende como «progresista», como si cuestionar que terroristas confesos legislen sin haber pagado penas reales fuera de gente «vengativa» o «que no quiere la paz». No, querido lector. No es venganza; es sentido común. Es entender que la democracia no puede funcionar cuando las instituciones se convierten en refugios para la impunidad.
Colombia decidió que cincuenta años de guerra se solucionaban con un apretón de manos y unos tallercitos de «construcción de memoria». Decidimos que «perdón y olvido» significaba saltarse olímpicamente el «pagar por lo que hiciste». Y ahora nos preguntamos por qué las instituciones no tienen credibilidad, por qué nadie confía en el sistema judicial, por qué la palabra «justicia» se convirtió en un chiste amargo.
La respuesta está en el Congreso, sentada en esas curules especiales, votando con las mismas manos que firmaron órdenes de secuestro. Porque en Colombia inventamos algo único: la democracia del borrón y cuenta nueva, donde los victimarios legislan y las víctimas siguen esperando esa «verdad» que nunca llega completa. Es un sistema en el que los ecos del pasado resuenan cada vez que se presentan proyectos de ley que parecen ignorar el sufrimiento de aquellos que han perdido tanto. La indiferencia se convierte en la norma mientras se discuten leyes que, en lugar de restaurar la justicia, refuerzan el poder de aquellos que han perpetrado atrocidades. Las voces de las víctimas quedan ahogadas en un mar de promesas incumplidas, y la pregunta sigue flotando en el aire: ¿Cuándo se les dará un espacio real en esta narrativa que se ha construido a expensas de su dolor?
Pero tranquilos, que esto es «justicia transicional». Y si no te gusta, es que no entiendes la paz.
¿Opiniones? ¿Insultos? ¿Amenazas veladas? Los comentarios están abiertos. Y recuerden: el botón de «compartir» es gratis, aunque la dignidad institucional al parecer también.
Cogitaciones meas 