Petro advirtió hace unos días, que si la Corte Constitucional tumba su decreto de emergencia económica, el Estado no podrá pagar los salarios de policías y soldados. Es una afirmación tan falsa como coercitiva, y merece desempacarse con calma, porque combina manipulación jurídica, irresponsabilidad fiscal y chantaje político en una sola frase.
La mentira jurídica
El pago de salarios a funcionarios públicos incluidos policías y militares, no es una concesión graciosa del Ejecutivo ni una partida contingente que se activa o desactiva según el humor de la Corte. Es una obligación del Estado protegida constitucionalmente bajo el principio de derechos adquiridos. Una vez reconocidos, esos salarios no pueden ser desconocidos arbitrariamente, ni siquiera en escenarios de crisis fiscal.
La emergencia económica como figura excepcional del artículo 215 de la Constitución, permite al Gobierno modificar impuestos, reasignar gasto o emitir deuda sin pasar por el trámite ordinario del Congreso. Lo que no autoriza es usar esas facultades para suspender el pago de nóminas ya incorporadas al presupuesto, mucho menos para presentar ese pago como rehén de una decisión judicial.
Decir que sin la emergencia no habría plata para los uniformados es sugerir que el Estado funciona por decreto y que la protección salarial de cientos de miles de servidores depende de la benevolencia temporal del ejecutivo. Es, en términos técnicos, un engaño constitucional.
La mentira fiscal
El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado por el Congreso el pasado diciembre por $546,9 billones. Ese presupuesto fue presentado, defendido y promovido por el propio Gobierno como un plan de gasto responsable, suficiente y viable para cumplir con las obligaciones del Estado, entre ellas obviamente el pago de la Fuerza Pública.
Si ahora el Presidente sostiene que sin la emergencia no hay cómo pagar esos sueldos, está admitiendo una de dos cosas: Que el presupuesto que él mismo impulsó es ficticio o inviable, o
Que está mintiendo para presionar a la Corte.
Probablemente ambas. Porque lo que hay aquí no es un problema de solvencia repentina, sino de prioridades políticas mal acomodadas y de un Gobierno que declaró emergencia no porque le faltara dinero para lo esencial, sino porque le faltaba margen para lo discrecional.
La emergencia económica se declaró para enfrentar un déficit fiscal derivado de menores ingresos tributarios y mayores presiones de gasto. Eso es cierto. Pero ese déficit no implica, automáticamente, que desaparezcan los recursos para cumplir con obligaciones ya presupuestadas. Lo que implica es que el Gobierno tiene que priorizar, ajustar y, eventualmente, recortar lo que no es prioritario.
Y ahí está el truco: en vez de explicar con transparencia dónde ajustaría si la Corte le tumba la emergencia, prefiere agitar el fantasma de que los policías y soldados se quedarán sin sueldo. No porque sea verdad, sino porque es políticamente efectivo.
La coerción política
El timing de la advertencia no es casual. Se lanza justo cuando la Corte Constitucional está revisando la legalidad del decreto de emergencia, lo que convierte el mensaje en una presión indirecta pero inequívoca: «Si ustedes tumban esto, la culpa de que no haya salarios será de ustedes».
Es una estrategia clásica del gobierno del miedo: en vez de exponer con serenidad las cifras, las opciones de ajuste y las consecuencias reales de cada escenario, se escoge al sector más sensible, la Fuerza Pública, se le pone en el centro del escenario y se le usa como escudo emocional del decreto.
¿Por qué policías y soldados, y no cualquier otro rubro? Porque son símbolos de orden y seguridad, porque tocarlos genera alarma social inmediata, y porque además este Gobierno acaba de prometerles un salario mínimo y mejoras salariales históricas, de modo que usarlos ahora como moneda de chantaje cierra un círculo perverso: primero los subes, luego los pones a rodar como amenaza.
La contradicción de fondo
Hay algo particularmente obsceno en que un Gobierno que prometió duplicar el pie de fuerza, que anunció aumentos salariales del 100%, que presentó a la Policía y al Ejército como pilares de su agenda de seguridad, ahora los use como fichas de negociación frente a la Corte.
Si de verdad creyera que esos salarios están en riesgo, lo responsable sería presentar un plan de contingencia, negociar con el Congreso, buscar fuentes alternativas de financiación o, al menos, explicar con números dónde están los huecos. Lo que no es responsable es convertir la nómina uniformada en el precio político de que te dejen gobernar por decreto.
En resumen:
Hay presupuesto aprobado para 2026 que incluye Fuerza Pública.
Los salarios son derechos adquiridos protegidos constitucionalmente; no dependen de un decreto de emergencia.
Usar a policías y militares como amenaza implícita frente a la Corte es un mecanismo de presión política, no una descripción honesta de las cuentas nacionales.
El Gobierno no está advirtiendo de una catástrofe fiscal inminente. Está fabricando una crisis para justificar sus poderes extraordinarios y para culpar a la Corte de antemano si le tocan el decreto.
Es, en toda la extensión de la palabra, chantaje institucional. Y debería tratarse como tal.
Cogitaciones meas 