Doña Martha vende empanadas en una esquina de la carrera séptima desde hace quince años. Cada mañana se levanta a las cuatro, prepara la masa, rellena, fríe y empaca. A las seis ya está en su puesto. No tiene RUT, ni cámara de comercio, ningún permiso, ni certificado del INVIMA. Tampoco tiene pensión, ni EPS que funcione, ni ahorros. Pero tiene clientes fieles, una reputación ganada a punta de constancia, y la dignidad de no pedirle a nadie que le regale nada.
Para el gobierno más «progresista» de la historia de Colombia, doña Martha es un problema. Un obstáculo al «ordenamiento territorial». Una informal que se niega a formalizarse. Una emprendedora que no entiende que necesita cumplir requisitos sanitarios, pagar impuestos y asistir a capacitaciones en «enfoque de género y emprendimiento sostenible» antes de poder vender una empanada. Doña Martha, en pocas palabras, es el tipo de pobre que esta izquierda detesta: uno que no pide permiso.
Antes de que salten los indignados con su retrovisor, «no señor usted se equivoca, los gobiernos anteriores no fueron mejores con doña Martha. Uribe la ignoró, Santos la incluyó en PowerPoints que nunca se ejecutaron, y Duque ni siquiera fingió que le importaba». Pero se olvidan que ninguno de los anteriores llegó con un discurso tan grandilocuente sobre «justicia social» y «gobierno del pueblo». Cuando la hipocresía es mayor, la decepción duele más.
El teatro de la justicia social
Seamos justos, este gobierno ha hecho algunas cosas bien. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación benefició a quienes lo devengan (aunque no tanto a quienes quedaron sin empleo por recortes de presupuesto y personal). La matrícula cero en universidades públicas es un avance real, aunque beneficie principalmente a clase media que «ya iba a estudiar de todos modos».
Pero entre el discurso transformador y la realidad cotidiana de los informales hay un abismo del tamaño del Cañón del Chicamocha. Y en ese abismo caen los pobres de verdad, no los de las presentaciones ministeriales. Según el DANE, la informalidad laboral en Colombia ronda el 55.4% (septiembre a noviembre de 2025). Más de la mitad del país, en más de dos años de «gobierno del cambio», esa cifra prácticamente no se ha movido. Algunos dirán que es muy pronto. Otros recordaremos que ya es suficiente para notar si las políticas van en la dirección correcta.
No van.
La reforma pensional o cómo proteger a los protegidos
El discurso: «Vamos a garantizar pensión digna para todos los colombianos, especialmente los más vulnerables.»
La realidad: La Ley 2381 de 2024 fortalece el sistema para quienes ya cotizan – principalmente empleados formales del sector público y grandes empresas. Según proyecciones de Asofondos, la reforma beneficiará directamente a cerca del 35% de trabajadores que ya están en el sistema.
¿Y el 55.4% que se rebusca en la informalidad? Siguen exactamente igual: jodidos, pero ahora con el consuelo de saber que el Estado «piensa en ellos» a través de programas pilotos que beneficiarán a 50.000 personas cuando hay aproximadamente 12 millones de informales.
Los sindicatos de maestros (Fecode) y petroleros (USO) celebraron en las calles. Doña Martha sigue friendo empanadas, sin pensión, sin celebración, sin que nadie le pregunte qué opina de una reforma supuestamente hecha «para ella».
Pregunta incómoda: ¿Cómo incluir a los informales en un sistema pensional sin incentivos reales a la formalización? Respuesta honesta del gobierno: todavía no lo sabemos, «pero suena bonito en los discursos».
La reforma laboral. Amar tanto al trabajador que nadie lo contrata
El discurso: «Dignificar el trabajo, acabar con la precarización laboral.»
La realidad: El Decreto 2351 de 2023 aumentó restricciones a la contratación temporal y por prestación de servicios. Noble en intención. Desastroso en ejecución para una economía donde el 55.4% es informal.
Según ANIF, el costo de contratar un trabajador formal en Colombia equivale aproximadamente al 70% adicional del salario base (entre prestaciones, aportes parafiscales, indemnizaciones). Cada nueva regulación «protectora» aumenta ese porcentaje.
El resultado predecible: las empresas pequeñas (que generan el 80% del empleo en Colombia) prefieren mil veces contratar informalmente o simplemente no contratar. Porque nada dignifica más a un trabajador que… no tener trabajo.
La lógica es impecable: si hacemos que contratar sea tan costoso y riesgoso que nadie quiera hacerlo, técnicamente habremos eliminado la explotación laboral. No puede haber explotación si no hay empleo. Genio.
Mientras tanto, el joven que necesita su primer trabajo (tasa de desempleo juvenil: 14% según DANE), el tendero que querría contratar un ayudante, la peluquería del barrio que podría crecer – todos atrapados entre la informalidad inevitable y las regulaciones inalcanzables.
Y aquí viene la autocrítica necesaria: ¿cuál es la alternativa? ¿Desregulación total estilo años 90 que permita abusos laborales? Tampoco. Pero entre «cero protección» y «protección que hace imposible contratar», debe haber un punto medio que este gobierno no ha encontrado porque está demasiado ocupado escribiendo decretos que suenan progresistas en Twitter.
Los subsidios: Clientelismo con lenguaje inclusivo
Aquí viene lo verdaderamente perverso del asunto. Este gobierno perfeccionó el truco del clientelismo tradicional con vocabulario de ONG europea. Ya no son «ayudas» (qué vulgar), ahora son «transferencias condicionadas con enfoque diferencial». Ya no es dependencia, es «acompañamiento institucional». Ya no es compra de votos, es «empoderamiento comunitario».
Datos concretos: Renta Ciudadana beneficia a algunos Colombianos. ¿Es mejor que nada? Absolutamente. ¿Saca a alguien de la pobreza estructural? Jamás.
El modelo es simple:
1. Identificar población vulnerable (que debe estar registrada en bases de datos oficiales)
2. Ofrecer subsidio condicionado a contraprestaciones
3. Exigir asistencia a talleres, reuniones, «espacios de participación»
4. Celebrar «logros sociales» con fotos institucionales
5. Repetir ciclo electoral
¿El resultado? Los mismos pobres, igual de pobres, pero ahora con certificados de asistencia a talleres sobre «economía del cuidado» y «construcción de paz territorial» que no sirven para conseguir empleo real.
Doña Martha, mientras tanto, no aparece en ninguna base de datos porque está demasiado ocupada trabajando de 6 AM a 6 PM como para ir a registrarse, asistir a talleres y llenar formularios. Imperdonable.
La persecución al rebusque: Orden y progreso (sin pobres molestos)
En agosto de 2023, la Alcaldía de Bogotá (administración cercana al gobierno nacional) realizó el «Operativo Espacio Público» que removió 847 vendedores ambulantes del centro histórico en una semana. Reubicados en «Centros de Comercio Popular» a tres kilómetros de sus puntos habituales. Resultado: 73% abandonaron sus puestos en los primeros dos meses por falta de clientela.
El discurso oficial: «Recuperación del espacio público». La realidad: gentrificación con jerga progresista.
Por un lado: discursos encendidos sobre «economía popular», «solidaria», «comunitaria». Por otro: operativos contra vendedores, multas a mototaxistas (que aumentaron 34% en 2023 según Secretaría de Movilidad), cierres de negocios sin todos los papeles en regla.
El mensaje es cristalino: «Apoyamos la economía popular, pero solo si tiene código QR, factura electrónica y certificación de buenas prácticas ambientales.»
Los vendedores de tinto en los semáforos deberían entender que atentan contra el espacio público. Los mototaxistas deben comprender que compiten deslealmente contra las apps formales (esas mismas apps contra las que el gobierno también pelea, pero ese es otro capítulo de esta comedia).
La lógica aplastante: mejor una ciudad ordenada sin pobres visibles, que una ciudad desordenada donde los pobres pueden rebuscarse el sustento.
El desprecio ilustrado o por qué los pobres no se comportan como deberían
Aquí está el núcleo del asunto, lo que explica toda esta esquizofrenia política.
No estamos ante simple hipocresía de clase – eso sería demasiado obvio. Estamos ante algo más sofisticado: el desprecio ilustrado por los pobres que no se comportan según el manual de teoría política. Porque esta izquierda (y seamos honestos: también muchos tecnócratas de derecha) tiene muy claro cómo DEBEN ser los pobres:
Los pobres buenos (modelo aprobado):
1. Agradecidos con los subsidios
2. Asistentes puntuales a las capacitaciones
3. Repetidores de consignas
4. Presentes en las fotos oficiales
5. Dependientes del Estado («beneficiarios activos» en la jerga oficial)
6. Víctimas perfectas esperando ser salvadas
Los pobres malos (modelo real):
1. Quieren emprender sin permisos imposibles
2. Prefieren el rebusque arriesgado a la burocracia segura
3. No entienden por qué necesitan registro mercantil para vender arepas
4. No van a marchas porque están trabajando
5. Aspiran a independencia económica, no a tutela estatal
6. Se niegan a ser víctimas perpetuas
El problema es que los pobres reales son profundamente antipáticos para esta izquierda. Son desordenados, pragmáticos, poco ideologizados, indiferentes a los debates sobre «justicia redistributiva». Tienen el mal gusto de querer resolver sus problemas sin esperar que un burócrata con maestría en el exterior les diga cómo hacerlo.
Doña Martha no quiere «transferencias condicionadas con perspectiva de género». Quiere que la dejen vender empanadas en paz y quizás – solo quizás – que le faciliten un microcrédito sin tener que hipotecar su casa. Pero esa aspiración tan simple resulta incompatible con un proyecto político que necesita pobres dependientes para justificar su burocracia.
Ejemplos del desprecio en acción
Caso Rappi/Uber: En 2023, el Ministerio del Trabajo propuso regular las plataformas digitales (Proyecto de Decreto 456). Objetivo declarado: «proteger a los trabajadores de la economía gig».
¿Alguien preguntó masivamente a los 300.000+ repartidores y conductores qué querían? En encuesta de Fedesarrollo (2023), el 68% de trabajadores de plataformas prefería flexibilidad sobre prestaciones de empleado formal. Pero el gobierno sabe mejor que ellos lo que les conviene.
Matiz necesario: sí hay abusos en plataformas – algoritmos opacos, desconexiones arbitrarias, falta de protección ante accidentes. El problema no es regular, es regular sin consultar realmente a los afectados.
Caso plazas de mercado: Bogotá tiene 19 plazas de mercado distritales. Entre 2020-2023, cerraron temporalmente 7 por «adecuaciones sanitarias». Solo 3 reabrieron. Las demás: asfixiadas por regulaciones imposibles de cumplir sin inversión millonaria que el distrito prometió pero nunca ejecutó.
Mientras tanto, cada fin de semana hay «mercados campesinos» donde compramos dos mangos orgánicos a $8.000 para sentirnos solidarios con el campo. Luego volvemos al supermercado de cadena.
Caso Decreto 555 de 2022 (formalización empresarial): Simplificó algunos trámites para registrar empresas. Avance real: reducción de pasos de 8 a 5. El problema: sigue siendo inaccesible para doña Martha que no tiene computador, internet estable ni conocimientos para navegar portales gubernamentales.
La «simplificación» benefició a emprendedores de clase media con educación. Los de abajo siguen igual.
La formalización como camisa de fuerza
La obsesión gubernamental con la «formalización» revela mucho sobre su verdadera naturaleza.
Formalizar, en el discurso, suena maravilloso: acceso a crédito, protección legal, seguridad social. ¿Quién podría oponerse?
Pero formalizar en Colombia significa:
1. Registro mercantil: $154.000 aproximadamente para microempresa
2. Renovación anual: similar monto
3. Contador: mínimo $400.000 mensuales
4. Impuestos variables
5. Trámites sanitarios (según la actividad varía su precio)
6. Software de facturación electrónica: desde $50.000/mes
7. Tiempo invertido en papeleos: incalculable
Costo mínimo de entrada a la formalidad: ~$2 millones primer año, ~$6-7 millones anuales después.
Doña Martha vende ~50 empanadas diarias a $2.000. Ingresos mensuales brutos: ~$3 millones. Margen de ganancia: ~30% ($900.000). De ahí saca para comer, arriendo, servicios, transporte.
¿Dónde está la plata para formalizarse?
La formalización se convierte así en un filtro perfecto: separa a quienes tienen capital inicial (o acceso a crédito) de quienes no. Luego nos preguntamos por qué el 55.4% sigue informal.
No es un misterio. Es aritmética básica.
Alternativa que este gobierno no contempla: Formalización gradual por escalones. Primer escalón: solo registro básico, exención de impuestos hasta X ingresos, facturación simplificada. Segundo escalón: requisitos intermedios. Tercer escalón: formalidad completa. Países como Brasil y Perú lo implementaron con éxito parcial. Colombia prefiere el modelo «todo o nada» que garantiza que doña Martha elija «nada».
El verdadero clasismo
Aquí viene la ironía suprema: El gobierno más «de izquierda» de la historia colombiana no es más clasista que los anteriores, pero su clasismo es más doloroso porque llegó prometiendo lo contrario.
Cuando Uribe era clasista, nadie se sorprendía. Era parte del paquete. Cuando Santos hablaba de inclusión pero gobernaba para élites, era decepcionante pero predecible. Cuando Duque ignoraba a los pobres, simplemente confirmaba lo esperado. Pero cuando un gobierno llega con Petro, Francia Márquez, retórica del «gobierno del pueblo», invocación constante de los excluidos y termina gobernando con la misma lógica tecnocrática que desprecia a los pobres reales, la traición duele más.
No es el clasismo del aristócrata que desprecia al pueblo llano. Es algo más insidioso: tecnócratas ilustrados que aman la idea abstracta de «el pueblo» pero desprecian a las personas concretas que lo componen. Es el clasismo del que tiene maestría y mira con condescendencia al que no terminó bachillerato. Es el clasismo del que leyó a Piketty y explica pacientemente por qué el vendedor ambulante «no entiende la economía». Es el clasismo del que habla de «justicia social» desde oficinas climatizadas mientras doña Martha suda bajo el sol.
Es, en definitiva, el clasismo que viene disfrazado de solidaridad.
Y seamos honestos: yo también escribo desde mi privilegio. Tengo computador, internet, tiempo para redactar columnas quejándome del gobierno. Doña Martha no tiene ese lujo. Pero al menos no pretendo que mis columnas la estén «empoderando» ni que hablo en su nombre. Solo señalo que quienes sí dicen hacerlo, mienten.
La pregunta incómoda que nadie quiere responder
Es mucho más cómodo tener pobres agradecidos y dependientes que pobres empoderados e independientes. Los primeros aplauden en eventos oficiales y votan predeciblemente. Los segundos te ignoran porque están ocupados trabajando.
¿Existe una forma de gobernar que realmente beneficie a los informales sin caer en clientelismo o demagogia?
Probablemente sí, pero requiere:
1. Humildad para consultar realmente a los afectados, no solo invitarlos a foros donde asienten mientras tecnócratas monologan
2. Regulación inteligente escalonada, no reglamentarismo europeo trasplantado a realidad latinoamericana
3. Incentivos reales a formalización, no castigos disfrazados de protección
4. Reconocer que informalidad no es solo problema de «mentalidad» sino de costos prohibitivos y barreras estructurales
5. Subsidios transitorios hacia autonomía, no subsidios perpetuos que refuerzan dependencia
Este gobierno no ha hecho nada de eso. Los anteriores tampoco. La diferencia es que este llegó prometiendo que sí lo haría.
La conclusión amarga
La izquierda colombiana descubrió que gobernar PARA los pobres es políticamente rentable. Las encuestas mejoran (o al menos no colapsan), los titulares internacionales aplauden, la narrativa progresista te defiende.
Pero gobernar CON los pobres – con sus aspiraciones reales, su pragmatismo incómodo, su rechazo a la tutela, su deseo de independencia económica – eso es complicado, impredecible, políticamente riesgoso.
Como toda burocracia, esta izquierda terminó amando más la idea abstracta de «el pueblo» que las personas concretas con sus contradicciones, aspiraciones burguesas y resistencia a ser salvadas.
La tragedia no es que esta izquierda traicionó a los pobres.
La tragedia es que nunca los conoció realmente
Siempre amaron su propia fantasía de lo que los pobres deberían ser: receptores agradecidos de su sabiduría, beneficiarios pasivos de su generosidad ilustrada, extras obedientes en su epopeya revolucionaria.
La realidad – millones de doñas Marthas que solo quieren trabajar en paz, sin tutelas ni salvadores – nunca encajó en el guion.
Y cuando la realidad no encaja con la teoría, esta izquierda (como casi toda izquierda gubernamental en América Latina) siempre elige la teoría.
Los pobres reales que se adapten. O mejor dicho: que se «articulen institucionalmente con los mecanismos de protección social diseñados desde un enfoque diferencial y de derechos».
Suena mucho más progresista que admitir que no tienen ni idea de cómo ayudar a quien realmente lo necesita.
P.D.: Si algún funcionario quiere refutar esta columna, los invito a hacerlo. Pero háganlo frente a doña Martha, no en un panel académico. Explíquenle a ella, con su lenguaje, cómo sus políticas la benefician. Si logran convencerla, yo retiro todo lo escrito. Apuesto a que no se atreven.
Cogitaciones meas 