Un país también puede perder la guerra en silencio. No hace falta una ofensiva final ni un parte militar, basta con que años después, un heredero de la causa armada llegue al palacio presidencial por la puerta grande de las urnas con aval institucional, escoltas oficiales y un discurso de reconciliación bajo el brazo.
Lo que no se firma en la mesa de negociación, a veces se firma en el tarjetón. Durante décadas, unas siglas dominaron montes, ríos y fronteras, mientras su brazo político compartía apellidos, doctrinas y nostalgias con los partidos que juraban cambiar el país desde el Congreso.
De esa mezcla de clandestinidad y legalidad nace un personaje peculiar: no empuñó el fusil, pero hereda su relato, sus mártires, sus símbolos y, sobre todo, su versión de la historia. Este personaje es el heredero de una insurgencia que ya no se presenta como ejército del pueblo, sino como opción de gobierno responsable. Y ahí está el primer riesgo: cuando una guerra perdida en el terreno pretende declararse ganada desde el balcón presidencial.
Un heredero de la vieja causa armada sentado en el Ejecutivo no administra solo un presupuesto, administra la versión oficial del pasado. Tiene en sus manos la llave de los archivos, la narrativa sobre quién fue víctima y quién victimario, y la facultad de convertir la justicia transicional en herramienta quirúrgica: severa con unos, indulgente con otros. El mismo aparato que debería garantizar verdad completa puede quedar reducido a oficina de edición histórica, donde se corrigen las biografías incómodas y se barnizan de heroísmo las lealtades de siempre. El resultado es una democracia donde la memoria ya no es un derecho, sino una política pública al servicio de una causa heredada.
La paz también puede ser un buen negocio para quien llega del linaje correcto.
Si el heredero de una organización armada toma el timón, la negociación deja de ser entre Estado y grupos ilegales para convertirse en una familia discutiendo la repartición de la herencia. Los acuerdos se parecen peligrosamente a una autoamnistía: beneficios jurídicos, control silencioso de ciertos territorios, acceso privilegiado a programas sociales y, de paso, una red de antiguos combatientes reconvertidos en operadores políticos locales. La frontera entre desmovilizado y militante fiel se vuelve borrosa, y el Estado corre el riesgo de ser reducido a marca legal de una vieja empresa de la guerra.
La institucionalidad que antes enfrentó a la insurgencia (Fuerza Pública, inteligencia, fiscalías) queda bajo el mando de alguien educado en la lógica de que el enemigo histórico era el uniforme, no el fusil. Los ascensos, retiros y traslados pueden comenzar a parecer ajustes de cuentas generacionales, y no simples decisiones administrativas. La moral de quienes arriesgaron la vida contra esa causa se resquebraja cuando descubren que su comandante en jefe admira a los viejos jefes que ellos perseguían. En ese clima, las lealtades se tensan, la obediencia se contamina de sospecha y la sombra de salidas extrainstitucionales deja de ser un fantasma de manual para convertirse en posibilidad.
La economía tampoco queda inmune cuando el heredero de un proyecto armado se pone corbata y jura sobre la Constitución. Los inversionistas leen algo más que programas: leen biografías, afinidades, silencios selectivos frente al crimen organizado.
Un gobierno percibido como cercano a redes armadas o a territorios capturados por la ilegalidad carga con un sobreprecio de desconfianza: menos inversión, más prima de riesgo, menos empleo. No hace falta expropiar para espantar, basta con que el mercado crea que el verdadero poder no está en los ministerios, sino en las viejas montañas de siempre. Ya ha pasado en otras latitudes, la desconfianza cuesta más que cualquier decreto, porque se mide en dólares que nunca llegan y empleos que nunca se crean.
Fuera de las fronteras, las democracias aliadas también saben leer árboles genealógicos.
Cuando un país elige como jefe de Estado a un heredero político de una organización que aún aparece en informes sobre narcotráfico y violencia, la cooperación se enfría, las sanciones individuales se vuelven tentación y la etiqueta de «Estado cooptado» comienza a circular en informes discretos. En especial cuando la potencia del norte vuelve a gobernar con el manual de la Guerra Fría bajo el brazo.
La combinación es explosiva: un heredero en el poder y un padrastro geopolítico ansioso por castigarlo.
El mayor peligro, sin embargo, no es ideológico, sino estructural.
Ningún nombre propio es necesario para entender el dilema. Toda democracia tiene derecho a que antiguos combatientes hagan política; lo que no puede permitirse es que el Estado termine siendo la sucursal más respetable de una historia armada que nunca se resignó a perder.
Cuando una sociedad entrega el mando a la descendencia política de quienes quisieron tomarse el país por las armas, la línea que separa la legalidad de la vieja causa se vuelve una sombra.
El ciudadano deja de saber si está votando por un programa de gobierno o por el capítulo final de una guerra que no eligió. Y cuando esa duda se instala, la democracia deja de ser confianza en las reglas para convertirse en una ruleta donde la Constitución es solo una ficha más.
Cogitaciones meas 