Hay momentos en los que la realidad colombiana supera cualquier ejercicio de ficción satírica. El caso de Carlos Ramón González es uno de esos momentos en los que uno no sabe si reír o llorar, si indignarse o simplemente rendirse ante la constatación de que vivimos en un país donde las palabras ya no significan nada.
Ayer, 29 de enero de 2026, se llevó a cabo la audiencia de acusación contra González ante la Corte Suprema de Justicia. El exdirector del Dapre y de la DNI, la mano derecha del presidente Petro, el hombre cuya oficina estaba al lado de la del mandatario en la Casa de Nariño, compareció virtualmente desde Nicaragua para enfrentar cargos por cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Todo esto en el marco del escándalo de la UNGRD, donde se le acusa de haber orquestado el desvío de recursos públicos destinados a emergencias para comprar votos en el Congreso.
Hasta aquí, nada sorprendente. Un funcionario de alto rango acusado de corrupción que se larga del país antes de que lo metan preso. La historia de siempre. Pero esperen, porque aquí es donde empieza lo verdaderamente delirante.
«Por favor, no lo llamen prófugo«
Durante la audiencia, el abogado de González, Iván Cancino, tuvo el descaro (no hay otra palabra) de pedir respeto a su cliente y solicitar que no se le llamara «prófugo». Sí, leyeron bien. Un tipo que tiene circular roja de Interpol desde el 22 de septiembre de 2025, que se conecta a su audiencia judicial desde otro país porque si pone un pie en Colombia lo esposan, y su defensor pide que no lo llamen prófugo.
Es como si un pez pidiera que no lo llamen mojado. Como si alguien saltando de un edificio exigiera que no lo acusen de caer. La palabra «prófugo» tiene una definición jurídica precisa «persona que huye de la justicia». González salió de Colombia en noviembre de 2024, justo cuando las investigaciones se intensificaban. No volvió para su imputación en mayo de 2025. Se conecta virtualmente desde Nicaragua. Tiene orden de captura internacional. ¿Cómo diablos lo deberíamos llamar entonces? ¿»Persona en situación de no-retorno voluntario»? ¿»Ciudadano geográficamente distante de las autoridades judiciales»?
Este es el nivel de cinismo al que hemos llegado, pretender que si cambiamos las palabras, cambiamos la realidad. Como si el eufemismo pudiera borrar los hechos. Como si llamar «revolución» al populismo autoritario lo convirtiera en algo distinto. Como si gritar «lawfare» hiciera desaparecer las pruebas de corrupción.
La vida del «perseguido político»
Pero la cosa no termina ahí. Porque mientras González y su abogado pretenden que no es un prófugo, el tipo vive una existencia que haría sonrojar al más desvergonzado de los dictadores bananeros. González no está escondido en un sótano. No vive con miedo. No se oculta de nadie. El hombre tiene residencia legal en Nicaragua (cortesía de su viejo amigo guerrillero Daniel Ortega), vive en una mansión en Las Colinas, uno de los barrios más exclusivos de Managua, con muros altos y controles de acceso. Antes de mudarse ahí, pasó seis meses viviendo en la embajada de Colombia en Nicaragua. Sí, en la embajada. Pagada con recursos públicos colombianos. Moviéndose en vehículos con placas diplomáticas. Todo mientras en Colombia lo buscaban por corrupto.
Y por si fuera poco, en diciembre de 2025 apareció bailando en una parranda vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua. No en una esquina oscura. No escondido. En un evento cultural organizado por la propia Cancillería de Colombia. Con funcionarios diplomáticos colombianos presentes. El prófugo que no es prófugo, parrandeando con dinero del Estado que supuestamente lo persigue.
Mientras tanto, sus negocios siguen funcionando como si nada. Su empresa Dansgold S.A.S. tiene activos por más de 15 mil millones de pesos y 16 inmuebles a su nombre. Desde Nicaragua, González y su esposa han seguido moviendo fichas societarias, designando representantes legales, gestionando propiedades. Eso sí, su patrimonio declarado curiosamente cayó de 12 mil millones a 6.5 mil millones justo antes de que se radicara la acusación. Pura coincidencia, seguro. ¿Así luce la persecución política en 2026? Porque si este es el rostro de la víctima del «lawfare», uno quisiera saber cómo se vive cuando no te persiguen.
El Estado facilitador
Lo más grotesco de todo este asunto no es solo el cinismo de González y su defensa. Es la complicidad institucional que hizo posible su fuga y que sigue sosteniendo su impunidad.
Documentos revelados por Noticias RCN muestran que la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la renovación de residencia de González el mismo día en que fue imputado por corrupción en mayo de 2025. Los documentos demuestran que el Gobierno sabía que González estaba en Nicaragua desde noviembre de 2024. La embajada literalmente solicitó al gobierno nicaragüense que renovara «la residencia del compañero» (sí, así dijeron: «el compañero»), argumentando que estaba allí desde noviembre y no había salido del país. Mientras la Fiscalía pedía su captura, mientras circulaba la alerta roja de Interpol, funcionarios del Estado colombiano tramitaban papeles para que pudiera quedarse cómodamente en el extranjero. El embajador encargado, Óscar Muñoz vivió con él en la casa oficial, tramitó su residencia y supuestamente también gestionó su extradición. Todo al mismo tiempo. No es un conflicto de interés, es una orgía de conflictos.
Y cuando sale el video de la parranda vallenata, ¿qué hace el Gobierno? Ordena investigaciones internas que no llegarán a ninguna parte, mientras Petro tuitea explicando que Ortega le dio asilo a González porque «combatió con el M-19 en Nicaragua» y porque «Ortega no quiere a Petro». Como si la solidaridad guerrillera de hace 40 años justificara proteger a un corrupto hoy. Como si las viejas lealtades revolucionarias estuvieran por encima de la justicia.
El teatro de la impunidad
Lo que estamos presenciando es un teatro perfectamente coreografiado de la impunidad. González comparece virtualmente a las audiencias (cumpliendo formalmente con el proceso), pero desde la seguridad de un país que jamás lo va a extraditar. Su abogado alega que todo es mentira, que la acusación está «llena de vacíos y falsedades», pero su cliente se niega a venir a Colombia a demostrarlo. La Fiscalía lo acusa de haber ordenado el pago de 4 mil millones de pesos en sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara para aprobar proyectos del Gobierno. Las pruebas incluyen testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, interceptaciones, movimientos bancarios. Pero González, desde su exilio dorado, simplemente dice que no.
Y así seguirá. Conectándose a audiencias virtuales cuando le toque. Declarando su inocencia desde una pantalla. Viviendo su vida normal en Managua. Moviendo su dinero. Atendiendo sus negocios. Bailando vallenato en eventos oficiales. Mientras en Colombia, las comunidades wayúu de La Guajira (víctimas acreditadas en el proceso) siguen esperando el agua que nunca les llegó porque esos recursos se los robaron para comprar congresistas. Y su abogado pide que no lo llamen prófugo.
Cuando las palabras pierden sentido
Vivimos en un país donde un funcionario puede fugarse a otro país, vivir en mansiones, seguir manejando empresas multimillonarias, asistir a fiestas oficiales, y su abogado tiene la cara de pedir que no lo llamen prófugo. Donde el mismo Estado que supuestamente lo persigue le facilitó la residencia en el extranjero. Donde la «revolución» protege a sus corruptos con la misma eficiencia con que cualquier otro gobierno lo haría.
El problema no es solo Carlos Ramón González. El problema es que González es apenas un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la pérdida total del significado de las palabras en el discurso público colombiano. «Prófugo» ya no significa prófugo. «Persecución» no significa persecución. «Justicia» no significa justicia. «Revolución» definitivamente no significa revolución.
Cada vez que un abogado puede pararse ante un tribunal y pedir que no llamen prófugo a un prófugo, cada vez que un gobierno puede proteger a su corrupto mientras proclama luchar contra la corrupción, cada vez que la solidaridad política se pone por encima de la ley, perdemos un pedazo más de la posibilidad de tener un debate público honesto.
Y sin palabras que signifiquen lo que dicen significar, lo único que queda es el cinismo. El cinismo de González conectándose desde Managua. El cinismo de su abogado pidiendo «respeto». El cinismo de un gobierno que grita «lawfare» mientras sus funcionarios organizan parrandas con prófugos. El cinismo de todos nosotros, que ya ni siquiera nos sorprendemos.
Porque al final del día, Carlos Ramón González no es prófugo. Es solo un tipo viviendo en otro país porque si vuelve a Colombia lo meten preso. Pero prófugo, prófugo, no. Que quede claro.
Cogitaciones meas 