El manual de la pataleta judicial en la izquierda: Cuando perder es un golpe de Estado

En Colombia hemos descubierto una nueva rama del derecho constitucional: la jurisprudencia del berrinche. Según esta innovadora doctrina, una sentencia judicial solo es legítima si favorece al gobierno de turno. Si no, es automáticamente un «golpe de Estado», «lawfare», o mi favorita: «persecución política del establecimiento».

Lo fascinante es la consistencia del libreto. No importa si es un decreto tumbado, una investigación del CNE, o una inhabilidad electoral: la respuesta es siempre la misma. Primero, deslegitimar al juez. Segundo, gritar «golpe blando». Tercero, amenazar con movilizaciones. Cuarto, si nada funciona, correr a organismos internacionales (pero solo los que convengan ese día).

Veamos el manual en acción, con sus mejores exponentes.

Capítulo I: El Presidente y su democracia condicional

El 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica que Petro había expedido el 22 de diciembre de 2025. La votación fue contundente: 6 a 2. La respuesta del primer mandatario no fue «acato la decisión» sino algo mucho más presidencial: una amenaza apenas velada en X.

«Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor», escribió Petro el mismo día de la decisión.

Leamos eso de nuevo. El Presidente de la República, garante de la Constitución, literalmente dice: «Si algo malo pasa, ustedes tendrán la culpa por no dejarme gobernar por decreto». No es «buscaremos alternativas legales», no es «respetamos la decisión pero consideramos que…». No. Es una amenaza directa: ahora vendrán las consecuencias.

Imagínense ese mismo trino viniendo de Uribe. La izquierda habría pedido su cabeza por «desconocer la institucionalidad» y «amenazar la independencia judicial». Pero como viene de Petro, es «valentía» y «defensa del pueblo».

El problema no es solo la amenaza. Es que Petro está normalizando desde la Presidencia la idea de que obedecer sentencias judiciales es opcional. Que si un juez no te da la razón, puedes públicamente responsabilizarlo de las catástrofes que vengan. Es el equivalente presidencial de «si me dejas, me mato y la culpa será tuya».

Capítulo II: Iván Cepeda y su tutela a conveniencia

Pero si Petro escribió el manual, Iván Cepeda lo está perfeccionando. El senador, habitualmente crítico de «injerencias» cuando se trata de Venezuela o Nicaragua, acaba de descubrir que los mecanismos de protección de derechos son fundamentales para la democracia colombiana.

¿La razón? El Consejo Nacional Electoral está evaluando si Cepeda puede participar en la consulta del «Frente por la Vida» del 8 de marzo de 2026, dado que ya participó en la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025. Ante esto, Cepeda anunció el 28 de enero en Cúcuta: «De ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos». Esperen. ¿Este es el mismo Iván Cepeda que forma parte del sector que critica sistemáticamente las «injerencias» de organismos internacionales en asuntos internos de países «progresistas»? ¿El que ha cuestionado el papel de la justicia cuando no le favorece?

Ah, pero cuando se trata de su candidatura, los mecanismos de protección de derechos pasan de ser «herramientas del establecimiento» a «instancias fundamentales». La coherencia, al parecer, es un lujo burgués.

Lo delicioso es la amenaza implícita: «O me dejan participar o acudo a todas las instancias judiciales». Como si una consulta interna de partidos políticos fuera un asunto de derechos humanos comparable con detenciones arbitrarias o torturas. Cepeda ha elevado el ego político a categoría de derecho fundamental.

Y no olvidemos que en su discurso en Cúcuta, Cepeda advirtió: «Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día en ella». Es decir, si la ley no lo deja participar, la ley está «tramposa». Qué conveniente.

Capítulo III: El catálogo completo de la hipocresía

Pero no podemos hablar de deslegitimación judicial sin mencionar a los otros protagonistas de este circo:

Roy Barreras, quien en octubre de 2024 declaró sobre las investigaciones del CNE a la campaña de Petro: «El Consejo Electoral NO investigará al Presidente de la República porque NO puede hacerlo (…) Es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular».

Roy Barreras. El mismo Roy Barreras que fue el operador político más hábil del establecimiento durante dos décadas. El que negoció con fiscales, magistrados y jueces cada vez que su jefe de turno lo necesitaba. El que conoce cada recoveco del sistema judicial porque lo usó a discreción cuando le convenía. Ahora resulta que descubrió la pureza institucional y está horrorizado de que la justicia sea «usada políticamente». Es como ver a Pablo Escobar quejándose de que hay mucho narcotráfico.

Gustavo Bolívar, quien durante julio de 2025 trinó sobre el supuesto «fallido golpe de Estado»: «Extralimitó sus funciones, no es tarea del CNE investigar a Gustavo Petro, le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes».

Noten la lógica: la institucionalidad desestabiliza la democracia cuando investiga a Petro. Pero Bolívar ha sido sistemático en su amenaza de movilización. En febrero de 2025 pidió que «jóvenes y adultos deberían movilizarse» si no se aprobaban las reformas. En marzo de 2025 participó en marchas afirmando: «Hay gente para llenar la Plaza de Bolívar tres veces si quieren». Bolívar ha convertido la amenaza de movilización en su único argumento jurídico. Es su versión de «tengo un abogado»: «tengo una turba».

Armando Benedetti, quien el 29 de enero de 2026, apenas suspendida la emergencia económica, trinó: «No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos».

En un video adjunto aseguró que la emergencia se justificaba «no sólo porque hay un déficit fiscal (…) sino también porque hay un déficit de riesgo». Según Benedetti, la Corte está «protegiendo a los más ricos» y trasladando «el costo de la crisis a los más vulnerables».

Benedetti. El hombre que ha estado «en todos los gobiernos posibles», que operó para Santos, que fue embajador de Petro hasta que se pelearon, que ahora está de vuelta como ministro del Interior. Resulta que la justicia es persecutoria. No cuando investigaba a otros, claro. Solo cuando no le da la razón al gobierno que él defiende. Qué conveniente epifanía.

Capítulo IV: El peligro que nadie quiere ver

Aquí viene la parte donde me pongo serio (lo sé, es raro en mí).

Lo que están haciendo estos personajes no es solo hipocresía de manual. Es algo mucho más peligroso: están destruyendo sistemáticamente la legitimidad de las instituciones judiciales en Colombia.

Cada vez que Petro trina que un juez tiene la culpa de crisis futuras, debilita un poco más la autoridad de la Corte Constitucional. Cada vez que Cepeda amenaza con tutelas por no dejarlo participar en una consulta, normaliza la idea de que las reglas no aplican si tienes capacidad de litigio. Cada vez que Roy grita «golpe de Estado» ante una investigación, trivializa el concepto hasta volverlo meaningless. Cada vez que Bolívar amenaza con llenar tres veces la Plaza de Bolívar, convierte la movilización en chantaje institucional.

¿Y saben qué es lo peor? Que están escribiendo el manual que usará la derecha cuando vuelva al poder. Porque la derecha siempre vuelve. Ese es el problema con destruir instituciones: que el otro lado también aprende.

Cuando en 2026 o 2030 tengamos un presidente de derecha, y ese presidente empiece a deslegitimar jueces que lo investiguen, a amenazar con «consecuencias» por sentencias adversas, a llamar «golpe de Estado» a cualquier control judicial, ¿con qué autoridad moral lo criticaremos?

Petro y su combo le están enseñando a las próximas generaciones políticas que en Colombia puedes simplemente ignorar las sentencias si tienes suficiente capacidad de movilización y control mediático. Le están demostrando que funciona.

Capítulo V: Platón también tenía razón sobre esto

Platón, en La República, advirtió sobre cómo las democracias mueren: no de golpe, sino por erosión gradual. Cuando los ciudadanos pierden fe en las instituciones, cuando los líderes normalizan el desacato, cuando cada grupo cree que las reglas solo aplican a sus enemigos.

El Anillo de Gyges que analicé en una columna anterior aplica perfectamente aquí: estos políticos creen que la invisibilidad moral de las redes sociales les permite decir cualquier cosa sin consecuencias. Amenazan jueces desde Twitter como si fuera un chat privado, deslegitiman sentencias como si fuera un debate de bar, prometen insurrecciones como si fueran promesas de campaña.

Lo que no entienden (o sí entienden y no les importa) es que cada amenaza, cada deslegitimación, cada llamado a «no acatar» decisiones judiciales, es un ladrillo menos en el edificio institucional. Y cuando ese edificio colapse, va a caer sobre todos. Sobre ellos, sobre sus enemigos, sobre los que no tienen nada que ver.

Epílogo: La verdad incómoda

La verdad incómoda que nadie en la izquierda colombiana quiere admitir es esta: están comportándose exactamente como Uribe.

Las mismas amenazas a jueces. La misma deslegitimación de investigaciones. Los mismos gritos de «persecución política». La misma instrumentalización de la movilización social para presionar decisiones judiciales.

La única diferencia es que cuando lo hace la derecha se llama «autoritarismo», y cuando lo hace la izquierda se llama «defensa de la democracia».

Pero un autoritario con bandera roja sigue siendo un autoritario.

Y un país que normaliza amenazar jueces, sin importar desde qué ideología, es un país que está cavando su propia tumba institucional.

Bienvenidos a la Colombia del berrinche judicial permanente. Donde las sentencias son válidas solo si nos gustan, donde los jueces son legítimos solo si fallan a nuestro favor, y donde la democracia es lo que yo diga que es.

Platón tenía razón: la democracia eventualmente se devora a sí misma. Solo que pensé que nos tomaría más tiempo.