Hay que reconocerle a este gobierno una virtud innegable, su capacidad para la invención publicitaria. «Colombia, potencia mundial de la vida» es un eslogan digno de estudio en cualquier escuela de marketing político. Tiene grandeza épica, evoca naturaleza exuberante, sugiere paz y prosperidad. En pocas palabras, una obra maestra del género que los antiguos romanos llamaban mendacium magnificum «la mentira grandilocuente».
Porque mientras el gobierno petrista nos vende la Colombia de la vida, las cifras de Medicina Legal cuentan otra historia. Entre 2022 y 2024, Colombia registró 40.663 homicidios, 2.862 casos más que durante el trienio de Iván Duque. El promedio anual de muertes violentas en el actual gobierno alcanza 13.554 hechos, superior a los 12.598 por año durante Duque. Y en 2024, el año más letal de los últimos siete, se contabilizaron 29.290 muertes violentas. «Potencia mundial de la vida», repiten desde Palacio, mientras las morgues desbordan su capacidad y los forenses trabajan horas extra catalogando cadáveres.
El colmo del cinismo llegó cuando esos mismos sectores que nos prometieron la vida como política de Estado decidieron bautizar su coalición electoral como el «Frente por la Vida». Es como si una funeraria decidiera llamarse «La Casa de la Inmortalidad» o un matadero se rebautizara «Santuario Vegano». Pero en la política colombiana, donde el descaro ha reemplazado a la vergüenza, nadie pestañea ante estas contradicciones.
Veamos quiénes integran este pintoresco «Frente por la Vida». Encabeza la lista Iván Cepeda, el senador cuyo apellido es sinónimo de procesos de paz y facilitación con grupos armados. Cepeda, arquitecto de la «paz total» del gobierno Petro, carga con un historial que sus críticos consideran problemático y él defiende como legítimo activismo por la paz. Su nombre apareció en los computadores de Raúl Reyes, hecho que la misma Fiscalía confirmó en su momento, aunque Cepeda lo atribuye a operaciones de inteligencia del DAS destinadas a desprestigiarlo. Ha sido señalado públicamente de vínculos con las extintas FARC por sectores como el Centro Democrático, acusaciones que él rechaza categóricamente y por las cuales ha amenazado con acciones legales. Uno de los frentes más sanguinarios de esa organización llevaba el nombre de su padre, Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994.
Lo más revelador sin embargo, fue su silencio ensordecedor frente al escándalo de la infiltración de las disidencias de «Calarcá» en el alto gobierno, revelado por Noticias Caracol. Mientras el mismo día condenaba con «tono triunfante» la condena de Santiago Uribe, guardó mutismo absoluto sobre un tema que golpea directamente su bandera de campaña, la paz. Ese silencio selectivo dice más que cualquier discurso. Para un hombre que se presenta como paladín de la vida y la paz, su incapacidad para condenar la infiltración guerrillera en el gobierno que ayudó a diseñar resulta cuando menos, curiosa.
Le acompaña Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín cuya gestión municipal quedará en los anales como caso de estudio sobre el abismo entre promesas y realidad. La Procuraduría lo suspendió e inhabilitó por seis meses por participación indebida en política durante la campaña presidencial de 2022, sanción que él considera injusta pero que la autoridad disciplinaria ratificó. La Fiscalía lo acusó formalmente, junto con otros doce funcionarios, por peculado, prevaricato e interés indebido en la celebración de contratos relacionados con la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial. En el programa Buen Comienzo, la Fiscalía imputó cargos a su secretaria de Educación y otros funcionarios por presuntas irregularidades en contratación. La Contraloría abrió indagación por un presunto detrimento de 8.000 millones de pesos en Computadores Futuro. Y en el caso Metroparques, exfuncionarios de su administración están obteniendo principios de oportunidad para colaborar con la justicia en investigaciones sobre contratos cuestionados por más de 200.000 millones de pesos.
Quintero niega todas estas acusaciones, las atribuye a persecución política, y asegura que sus adversarios utilizan la justicia como arma. Puede ser. Pero cuando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría coinciden en investigarlo, cuando sus propios exfuncionarios están negociando con la justicia, cuando hasta sus aliados políticos en Medellín guardan distancia prudencial, uno empieza a sospechar que donde hay tanto humo, algo debe estar ardiendo. Este es el candidato que ahora nos promete «transformación social» desde el «Frente por la Vida». La única transformación evidente fue la de los recursos públicos de Medellín en expedientes judiciales.
Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo completan el elenco de este teatro del absurdo. Todos proclamándose paladines de la vida mientras el país sangra. Todos prometiendo paz mientras las cifras de violencia se disparan. Todos hablando de justicia social mientras las disidencias de las FARC, el ELN y las bandas criminales expanden su control territorial al amparo de los ceses al fuego de la fallida «paz total».
Esta contradicción entre discurso y realidad no es nueva en América Latina. Es, de hecho, el patrón de oro de los gobiernos «progresistas» de la región. Venezuela se autodenomina «República Bolivariana» mientras sus ciudadanos huyen por millones. Nicaragua habla de «reconciliación» mientras encarcela opositores. Cuba celebra su «revolución de los humildes» mientras el pueblo pasa hambre. Y ahora Colombia se proclama «potencia mundial de la vida» mientras acumula cadáveres con eficiencia industrial.
La estrategia es siempre la misma, aprópiate del lenguaje de los valores universales, envuélvete en la retórica de lo sublime, y luego haz exactamente lo contrario. Llama «vida» a la muerte, «paz» a la violencia, «justicia» a la impunidad. Repite la mentira con suficiente convicción y los ingenuos la creerán. Los cínicos la celebrarán. Y los cómplices la defenderán.
Lo más perturbador de este fenómeno es que funciona. Una porción significativa del electorado colombiano está dispuesta a creer que el país es una «potencia de la vida» simplemente porque el presidente lo dice con suficiente pompa. Ignoran las cifras, descartan los testimonios, cierran los ojos ante la evidencia. Es el triunfo del eslogan sobre la realidad, del marketing sobre la verdad.
George Orwell advirtió sobre esto en 1984: la neolengua, ese lenguaje donde «guerra es paz» y «libertad es esclavitud». El petrismo ha perfeccionado la técnica. En su diccionario particular, «vida» significa muerte, «paz total» significa guerra selectiva, y «cambio» significa continuidad del mismo clientelismo de siempre, solo que ahora con retórica revolucionaria.
Las cifras son implacables y no admiten spin publicitario. En el Caribe, los homicidios pasaron de 6.512 bajo Duque a 9.382 bajo Petro, 2.870 asesinatos adicionales. En Bolívar, 870 homicidios más que representan un aumento del 72,7%. En Magdalena, 811 homicidios adicionales, un incremento del 95%. En Atlántico, 803 más, que significan un 48,7% de aumento. Barranquilla, según el propio presidente Petro, se convirtió en «la capital de la extorsión en Colombia». El Catatumbo registra tasas de homicidio que rivalizan con las peores zonas de guerra del planeta. El secuestro, ese flagelo que creíamos derrotado, registró un salto histórico: de 242 víctimas entre enero y octubre de 2024 a 527 en el mismo período de 2025 un aumento del 117,8%, el mayor desde 2007. Las masacres aumentaron de 72 en 2024 a 75 en 2025. La extorsión crece exponencialmente. Y los miembros de la Fuerza Pública asesinados se dispararon un 149% en el último año: de 39 entre enero y julio de 2024 a 97 en el mismo período de 2025.
Estas no son opiniones. No son interpretaciones subjetivas. Son datos de Medicina Legal, del Ministerio de Defensa, de la Fundación Paz y Reconciliación. Son cadáveres contabilizados, familias destruidas, vidas segadas. Son la evidencia incontrovertible de que la «paz total» fracasó, de que la «potencia de la vida» es un eslogan publicitario sin sustento en la realidad.
Pero el «Frente por la Vida» no se inmuta. Siguen en campaña, sonrientes, prometiendo continuidad. Porque para ellos, la vida que importa no es la del ciudadano común que sufre la extorsión, el secuestro o la bala perdida. La vida que les importa es la suya propia, su vida política, sus cargos, su acceso al poder y a los recursos del Estado. Son los herederos naturales de un gobierno que convirtió el concepto de «vida» en commodity electoral mientras el país se desangra.
La pregunta que debemos hacernos los colombianos no es si estos candidatos son sinceros, claramente no lo son. La pregunta es si somos tan ingenuos como ellos esperan que seamos. Si vamos a caer nuevamente en la trampa del eslogan bonito y la promesa vacía. Si vamos a elegir a quienes nos prometen vida mientras gestionan muerte.
Platón, en su alegoría de la caverna, advertía sobre quienes confunden las sombras con la realidad. El «Frente por la Vida» nos ofrece precisamente eso, sombras proyectadas en la pared de la cueva, imágenes reconfortantes que ocultan la cruda realidad exterior. Nos invitan a quedarnos dentro, cómodos con nuestras ilusiones, mientras afuera el país arde.
Así que, queridos colombianos, cuando vean las vallas del «Frente por la Vida», cuando escuchen sus discursos grandilocuentes sobre paz y justicia, cuando los vean posar como salvadores de la patria, recuerden las cifras. Recuerden los 40.663 homicidios. Recuerden el 2024, el año más violento en siete años. Recuerden que mientras ellos prometen vida, Colombia entierra muertos.
Y entonces, salgan a votar. Voten informados, no manipulados. Voten con memoria, no con amnesia selectiva. Voten por candidatos que entiendan que la seguridad no se negocia con quienes la amenazan. Voten por quienes comprenden que la paz real se construye con justicia, no con impunidad disfrazada de reconciliación. Voten por la Colombia que respeta la ley, no por la que la subordina a conveniencias políticas.
Porque si algo ha demostrado este gobierno y quienes aspiran a heredarlo, es que cuando ellos hablan de «vida», hablan en realidad de un concepto abstracto, marketinero, vaciado de contenido. La vida real esa que se vive en los barrios donde la extorsión es pan de cada día, en las regiones donde el Estado brilla por su ausencia, en las familias que lloran a sus muertos «esa vida no les interesa». Les interesa el eslogan. Les interesa el poder. Les interesa perpetuarse.
La vida de los colombianos, al parecer, es lo de menos.
Cogitaciones meas 