Hay en el derecho constitucional colombiano una norma que la mayoría cita mal, que los opositores del presidente invocan con entusiasmo impreciso, y que el gobierno aprovecha con una sonrisa que mezcla la suficiencia del abogado con la del tahúr: el artículo 127 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 2 de 2004.
Conviene leerlo antes de citarlo. La prohibición absoluta de tomar parte en actividades de los partidos y en controversias políticas aplica a los empleados que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad. El resto —incluido el presidente— solo puede hacerlo «en las condiciones que señale la Ley Estatutaria». Benedetti tiene, en ese punto, razón técnica. Y sin embargo, la razón técnica en boca de Benedetti suena como el manual de instrucciones del extintor que acaba de usar para prender el incendio. Porque la Ley Estatutaria existe. Se llama Ley 996 de 2005, Ley de Garantías Electorales, y su artículo 30 no deja mucho espacio para la creatividad interpretativa, durante los cuatro meses anteriores a la fecha de votación en primera vuelta, y hasta la realización de la segunda vuelta, el candidato que ejerce la Presidencia no podrá asistir a actos de inauguración de obras públicas, ni entregar personalmente recursos o bienes estatales. El artículo 31 añade que durante la campaña presidencial no se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado más allá del promedio presupuestado en los dos años anteriores. Y el inciso cuarto del artículo 127, ese que nadie menciona porque arruina la pelea de ambos bandos, establece que la utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta
No estamos, entonces ante un presidente que opera fuera de toda norma. Estamos ante algo más sofisticado e irritante, «un presidente que conoce los límites precisos del perímetro legal y ha decidido habitar sus bordes con la comodidad de quien lleva años practicando el deporte».
La coartada favorita de este ejercicio es la narrativa del fraude electoral. Desde el domingo 8 de marzo, Petro publicó 25 trinos contradiciendo a instituciones como la Registraduría, la MOE y medios de comunicación, hablando de la posibilidad de un fraude. Solo en X sus mensajes fueron vistos más de 3,4 millones de veces. El 14 de marzo, Petro elevó la apuesta, denunció la existencia de 50.000 alteraciones en los formularios electorales E-14 utilizados para registrar los resultados de las mesas de votación, afirmando que eso pondría en duda la validez del conteo en miles de puestos.
El Detector de Mentiras de La Silla Vacía revisó esas afirmaciones y encontró que las afirmaciones de Petro son en su mayoría engañosas, hay verdades a medias mezcladas con exageraciones y afirmaciones falsas sin respaldo, que en conjunto construyen una narrativa de fraude que los expertos y la evidencia no sostienen. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, fue más directa, estas fueron, según ella, las elecciones «más tranquilas de la historia reciente», con menos anomalías o problemas en los puestos de votación.
Pero hay un detalle que convierte la narrativa del fraude en algo más que una imprecisión, el Pacto Histórico, partido de gobierno, se consolidó como la primera fuerza política en el Senado y pasó de 20 miembros en la legislatura próxima a terminar a un total de 25, con 4.413.636 votos. Petro denuncia fraude en las mismas elecciones en que su partido ganó más curules que cualquier otro. No es un detalle menor. Es la paradoja perfecta del demócrata que solo confía en las urnas cuando gana, y desconfía de ellas cuando gana demasiado.
Cuando la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar para que se abstuviera de denunciar fraude sin pruebas, Petro respondió: «Los señores de Thomas Greg and sons que no sueñen con censurar al presidente.» Una semana antes había sido más filosófico: «No acepto censuras de los nuevos Ordóñez. Ya pasó esa época.» Sublime. El presidente que llegó prometiendo refundar la ética pública invoca el espíritu de la resistencia histórica para blindarse frente a los organismos de control que, recordemos, él mismo administra.
El Tribunal admitió la demanda y convocó audiencia. Según el expediente, la Procuraduría argumentó que la postura del presidente genera dudas sobre la limpieza del proceso, al denunciar presuntos fraudes y manipulación del software sin que exista «información fehaciente debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral.» Pero nadie espera que algo significativo ocurra. El diseño institucional colombiano establece límites claros al comportamiento del jefe de Estado que, en la práctica, son tan efectivos como un cono de tráfico frente a una excavadora.
Porque eso es lo que hace Petro con una coherencia que habría dejado perplejo al mismísimo Platón, usa el lenguaje de la democracia para erosionar sus instituciones. Denuncia fraude sin pruebas. Desconfía del software electoral que lleva años funcionando. Y cuando las instituciones le piden que pare, las convierte en prueba de la conspiración.
Esta estrategia de denunciar fraudes sin pruebas es un recurso recurrente de la desinformación electoral en el continente. La Silla Vacía lo documenta y lo dice sin anestesia, tiene precedentes en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos. No es una particularidad colombiana. Es un manual.
Hay una palabra para describir a quien predica las reglas del juego limpio y las dobla apenas le toca ser árbitro, hipócrita. Hay otra para describir al sistema que lo permite sin consecuencias: cómplice.
En la Caverna de Platón, los prisioneros confundían las sombras con la realidad porque nadie les había mostrado la salida. En la Colombia de 2026, el guardián de la cueva lleva meses convenciéndonos de que las sombras son el fraude. Y lo hace con 4,4 millones de votos en el bolsillo.
Cogitaciones meas 