El derecho a la manifestación pública, consagrado en el artículo 37 de nuestra Carta Política como un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, sufre hoy de una penosa patología de origen: la prostitución de su esencia. Lo que nació como el último recurso del ciudadano desarmado frente a la sordera de las instituciones, se ha degradado en una coreografía predecible, un negocio de agitación profesional y un termómetro de vanidades donde la razón jurídica cede ante el canibalismo social.
Para entender cómo la calle perdió su virginidad ideológica y se convirtió en una pasarela de intereses espurios, es imperativo descorrer la cortina del romanticismo de izquierda y analizar, con el frío bisturí del dato y la norma, el tránsito de la protesta en los últimos cuarenta y seis años.
El Siglo Pasado: El Cuerpo en el Tablero de la Muerte
En la Colombia de los años 80, salir a marchar no era un acto performativo para ganar tracción en redes sociales; era un boleto de lotería donde el premio mayor era la supervivencia. Bajo el palio represivo del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (Decreto 1923 de 1978) y la vigencia perpetua del Estado de Sitio (Artículo 121 de la Constitución de 1886), la movilización civil era tratada por la justicia penal militar bajo la presunción automática de rebelión.
A pesar de esa tenaza jurídica, los Paros Cívicos Regionales de esa década poseían un núcleo programático de una seriedad aplastante. Cuando el Chocó o el Magdalena Medio se paralizaban, no lo hacían por consignas abstractas de manual universitario; exigían acueductos, la interconexión eléctrica o la construcción de un hospital. Había un pliego de peticiones indexado, interlocutores con representación real y un sustrato de necesidad biológica. La respuesta del Estado, ciertamente desproporcionada y militarizada, se enfrentaba a una base social que pagaba con la vida su osadía. El ideal era trágico, pero era auténtico.
La década de los 90 inauguró la paradoja constitucional. La Constitución de 1991, en un rapto de optimismo lírico, derogó el Estado de Sitio y limitó los Estados de Excepción (Artículo 212 y ss.), pretendiendo que la sola redacción de los derechos fundamentales domesticaría las dinámicas del conflicto. La calle mutó entonces hacia la resistencia económica. La huelga de Telecom en 1992 o las masivas Marchas Cocaleras de 1996 —donde más de 200.000 campesinos del sur del país sitiaron cabeceras urbanas— demostraron que la movilización se había sectorizado. El campesino marchaba contra el glifosato impuesto por la agenda de Washington; el sindicalista, contra la privatización gavirista. Había un enemigo claro: el modelo de apertura económica.
El Nuevo Milenio: De la Estigmatización al Estallido Plebeyo
Con la llegada del nuevo siglo y la consolidación de la Seguridad Democrática (2002-2010), el escenario de la protesta sufrió una profunda esquizofrenia doctrinal. Por un lado, la marcha sectorial e indígena (como la imponente Minga del Cauca de 2008) fue sometida a una sistemática narrativa de estigmatización que pretendía homologar el reclamo social con el plan estratégico de las organizaciones insurgentes. Por el otro, el país asistió a la movilización ciudadana más masiva de su historia el 4 de febrero de 2008: millones de personas marchando de blanco contra el secuestro de las FARC. Una marcha pulcra, corporativa, bendecida por el establecimiento y los medios de comunicación, que demostró que la calle también podía ser un instrumento de legitimación del statu quo.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión y desnaturalización de la protesta ocurrió en el trienio del Estallido Social (2019-2021). Allí, el ideal programático de las marchas ochenteras fue definitivamente ejecutado. El Comité Nacional del Paro, compuesto por los rancios y burocratizados jerarcas sindicales de siempre, pretendió sentarse a negociar con el gobierno de Iván Duque un pliego maximalista e inviable de más de cien puntos que iba desde la derogatoria de reformas fiscales hasta la refundación del modelo de salud.
Mientras tanto, en la periferia de las grandes capitales (Cali, Bogotá, Medellín), una masa juvenil precarizada y desahuciada del sistema educativo y laboral desbordó por completo a la dirigencia sindical. El escenario ya no era la marcha que transitaba pacíficamente hacia una plaza pública; era el establecimiento de fronteras invisibles y trincheras urbanas en los mal llamados «puntos de resistencia».
Apareció la «Primera Línea», un fenómeno que trocó la argumentación social por el uso de escudos de lata, artefactos explosivos artesanales y una alarmante estética de la destrucción. Internet y las transmisiones en vivo de plataformas digitales sustituyeron el debate democrático. La protesta ya no buscaba la expedición de una norma o la revocatoria de un decreto; buscaba la asfixia económica del resto de los asociados mediante el bloqueo sistemático de las arterias viales, configurando tipos penales nítidos que la sociología bienpensante pretendió camuflar bajo el rótulo de «expresión cultural».
La Propiedad y la Constitución como Rehenes
Es en este punto donde la degradación jurídica del fenómeno se hace insostenible. Existe una preocupante ligereza dogmática en ciertos sectores que pretenden elevar el vandalismo y el terrorismo urbano a la categoría de actos «simbólicos» de resistencia.
Desde la estricta perspectiva de la teoría constitucional y el derecho penal, el ataque irracional a los sistemas de transporte masivo (que transportan precisamente a la clase trabajadora que dicen defender), la incineración de Centros de Atención Inmediata (CAI) con agentes de policía en su interior, y el saqueo del comercio local, no constituyen excesos marginales de la protesta; son conductas delictivas flagrantes —daño en bien ajeno (Art. 265 C.P.), asonada (Art. 469 C.P.) y terrorismo (Art. 343 C.P.)— que rompen el pacto de convivencia.
El derecho a la protesta encuentra su límite natural e infranqueable en los derechos fundamentales de los terceros no manifestantes: la libertad de empresa (Art. 333), el derecho al trabajo (Art. 25), la libre locomoción (Art. 24) y, fundamentalmente, el derecho a la vida y a la integridad personal. Cuando el ejercicio de una supuesta libertad pública exige el vaciamiento de los derechos del vecino, no estamos ante una manifestación; estamos ante una extorsión social.
Asimismo, el ataque sistemático a la Fuerza Pública revela un alarmante desprecio por el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no son los ejércitos privados del gobernante de turno; son las instituciones depositarias del monopolio legítimo de la coacción que la sociedad civil delegó en el Estado para garantizar el orden. Socavar su legitimidad mediante la agresión física y la descalificación generalizada no conduce a una profundización democrática, sino al umbral del estado de naturaleza hobbesiano, donde impera la ley del más fuerte y la justicia por mano propia.
El Presente: La Paradoja de la Marcha Oficialista
Hoy, en el periodo 2022-2026, asistimos al acto final de esta prostitución del ideal. La calle ha sufrido un cortocircuito histórico. Por primera vez, el maximalismo que antes incendiaba los portales de transporte maneja las chequeras de los ministerios. Y la respuesta ante el atasco legislativo de las reformas gubernamentales ha sido la instrumentalización del espacio público desde el poder central.
Las llamadas «marchas de respaldo» convocadas desde el balcón presidencial, financiadas indirectamente con el aparato logístico estatal y sazonadas con la traída masiva de comunidades indígenas en chivas, despojan a la protesta de su naturaleza original: ser un mecanismo de control y contrapeso frente al poder. Cuando el gobernante utiliza la masa callejera para presionar a las cortes o chantajear al Congreso de la República, la protesta deja de ser una garantía democrática y se convierte en una herramienta de coacción plebiscitaria de corte autocrático.
En la acera del frente, la oposición tradicional ensaya timoratamente el mismo libreto, vistiendo a las clases medias de blanco y tricolor para llenar las plazas en jornadas impecablemente limpias pero estériles, convirtiendo la calle en un mero termómetro electoral y un desahogo de frustraciones de clase.
Conclusión
La calle en Colombia se prostituyó el día que descubrió que el chantaje paga mejor que la razón. Hoy, el sagrado derecho a la protesta es un burdo carnaval de conveniencias: para unos, es la excusa perfecta para redecorar las capitales a punta de adoquines y vandalismo estético; para otros, es el gimnasio dominical donde la burguesía sale a pasear sus camisetas tricolores y a purgar sus frustraciones de clase antes de ir a almorzar.
La metamorfosis es tan sublime como patética. El asfalto ya no hospeda el dolor del campesino olvidado; ahora es el set de grabación de un TikTok de «Primera Línea» o la alfombra roja para que el caudillo de turno mida su ego desde un balcón, amenazando con incendiar el país si el Congreso no le aprueba sus caprichos con la sumisión de un notario. Hemos elevado el bloqueo a la categoría de alta diplomacia y el tropel al nivel de debate académico. Mientras la sociedad siga aplaudiendo este circo ambulante y validando que el derecho al pataleo colectivo incluye el derecho a destruir el negocio del vecino, la Constitución de 1991 seguirá siendo lo que siempre ha sido: un bellísimo poema lírico que se recita en los tribunales pero se pisotea con entusiasmo en el barro de las avenidas. Al final, la única certeza que nos queda es que, sin importar quién marche, los platos rotos los seguirá pagando el mismo pendejo de siempre: el contribuyente.
Cogitaciones meas 