Por: Guillermo Saa
A escasos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, Colombia asiste a un curioso festival de equilibrismo retórico. Es verdaderamente enternecedor por no decir paradójico, observar cómo los adalides de la ampliación de derechos, los mismos que convirtieron la palabra «libertad» en el eslogan preferido de sus manifestaciones, hoy nos proponen un modelo donde el ciudadano pierde la más elemental de sus facultades individuales, «la capacidad de elegir».
La fórmula oficialista de Iván Cepeda y Aída Quilcué parece haber redescubierto el viejo manual del paternalismo estatal. Bajo su óptica, el colombiano promedio es una suerte de menor de edad incapaz de administrar su propia salud o de decidir en qué bolsillo guarda el ahorro de toda su vida para la vejez. Al marchitar las EPS para concentrar el aseguramiento en un monopolio burocrático de giros públicos, y al obligar a las mayorías a cotizar de manera forzosa en un pilar único estatal de reparto, nos notifican que el Estado sabe mejor que nosotros qué médico nos conviene y qué destino debe tener nuestro sudor. La «única opción» se maquilla de justicia social, pero huele a centralismo asfixiante. Si el sistema estatal falla, si la cita no llega o el medicamento se agota, el usuario no tendrá a dónde huir; el derecho fundamental se habrá transformado en una condena administrativa sin derecho a réplica.
Pero el idilio colectivista no solo choca con el libre desarrollo de la personalidad en los hospitales y fondos de pensiones; se estrella de frente con la fría realidad del ordenamiento global. Pretender una «reindustrialización» cerrando las fronteras a la importación y renegociando unilateralmente los Tratados de Libre Comercio es un suicidio jurídico que ignora la arquitectura de la Organización Mundial del Comercio. En las cadenas globales de valor del siglo XXI, ningún país fabrica un chip o un tractor de principio a fin, encarecer la importación de insumos y tecnología no nos hará más soberanos, solo nos hará más obsoletos. Bloquear la exploración minero-energética en nombre de una pureza ecológica exprés destruirá el principal flujo de divisas del país. La globalización financiera es implacable, ante la incertidumbre y el proteccionismo, las calificadoras de riesgo castigarán la nota crediticia y el costo de la deuda externa se volvería, sencillamente, impagable. Distribuir la escasez nunca ha sido una fórmula de crecimiento.
En la acera del frente, la receta del shock tampoco está exenta de su propia dosis de fantasía. La fórmula opositora de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo promete la salvación a través del libre mercado y una «mano dura» que el país, fatigado por el fracaso evidente y el desorden de la «Paz Total», reclama a gritos. No hay duda de que el restablecimiento de la autoridad y la seguridad territorial es un requisito macroeconómico, sin carreteras libres, sin oleoductos protegidos y sin empresarios libres de extorsión, la Inversión Extranjera Directa simplemente empaca sus maletas y huye. El capital internacional no invierte donde el Estado renuncia al uso legítimo de la fuerza.
Sin embargo, el ala más radical de la derecha nos vende el milagro de la dolarización como si fuera un trámite de ventanilla. Olvidan que sustituir el peso colombiano por el billete verde no es un asunto de simple voluntad presidencial, representa un tsunami institucional que choca directamente con la arquitectura de la Constitución de 1991. Desmontar la facultad exclusiva de emisión del Banco de la República (Artículo 371) y despojar a su Junta Directiva de sus competencias misionales excede las facultades de cualquier decreto de Conmoción Interior. Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional, alterar de tal forma el eje definitorio del Estado soberano configuraría una sustitución de la Carta Política, abriendo un laberinto jurídico que requeriría, ni más ni menos, una Asamblea Nacional Constituyente.
El drama de Colombia este 21 de junio no es elegir entre el cambio o la continuidad, sino decidir cuál de las dos rigideces está dispuesta a soportar. Si el país se inclina por el monopolio burocrático y el repliegue internacional de Cepeda, o si opta por el orden estricto y el salto al vacío constitucional de la dolarización de De la Espriella. Al final del día, mientras los candidatos se disputan el control de nuestras libertades, el ciudadano de a pie se queda con la incómoda certeza de que, elija lo que elija, la autonomía individual parece ser la primera baja en el tarjetón.
Cogitaciones meas 