La reciente escenografía del presidente Abelardo de la Espriella paseando entre bolsas blancas con cadáveres ha provocado un ataque agudo de amnesia selectiva en el progresismo nacional. Ahora resulta que aplicar el monopolio legítimo de la fuerza del Estado es un «trofeo macabro», según lamenta Gustavo Francisco Petro Urrego, mientras que entregarle el país en bandeja de plata a las disidencias durante cuatro años fue, al parecer, un noble acto humanitario.
Se escandalizan los defensores de los derechos de los bandidos porque el mensaje visual es cruel. Yo también creo que lo es. Pero la semiótica del poder estatal no se construye mandando abrazos a quienes extorsionan, reclutan menores y masacran a la población civil. Las imágenes de Abelardo Gabriel tras el bombardeo a las estructuras criminales no son una galería de arte para críticos sensibles, son una notificación de cobro prejudicial ineludible. El Estado, amparado estrictamente en la Constitución y en los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sobre la neutralización de objetivos criminales de valor activos, les está traduciendo el Código Penal a un idioma que por fin pueden asimilar, «se someten al imperio de la ley, o terminan empacados al vacío».
Es conmovedor ver a la oposición llorando por la «muerte convertida en trofeo». Seguramente prefieren volver al gobierno anterior donde el trofeo no eran los criminales abatidos, sino poblaciones enteras cedidas como repúblicas independientes, la Fuerza Pública maniatada y los capos fortalecidos paseando por todo el país con escoltas pagados con nuestros impuestos. La política de la genuflexión convirtió a Colombia en una inmensa franquicia criminal, donde el único riesgo de ser terrorista era que te obligaran a aceptar el título de «gestor de paz».
Criticar la estética de la victoria militar mientras se ignora la obligación suprema de defender a los ciudadanos es el deporte favorito de quienes dejaron al país en llamas. Jurídicamente, el Estado no existe para rogarle al crimen organizado en mesas de diálogo que operan como balnearios tácticos, existe para ejercer la autoridad, recuperar la soberanía y proteger el orden constitucional. Si a algunos les ofende la crudeza de la bolsa blanca, deberían recordar la crudeza de la extorsión diaria y el terror que ellos mismos abonaron con su compasión cómplice.
El Estado de Derecho no es una ONG de terapias de abrazo colectivo, ni la Constitución Política de Colombia es un simple folleto de sugerencias de convivencia. Quienes hoy exigen desde la comodidad de sus micrófonos una respuesta poética y delicada frente al terrorismo, omiten intencionalmente que la legitimidad de la fuerza estatal radica precisamente, en su capacidad avasalladora para neutralizar cualquier amenaza contra el orden público y la vida de los ciudadanos.
Es posible que usted prefiera un país arrodillado y administrado por capos engalanados con brazaletes de «gestores de paz», antes que aceptar la fría e indiscutible contundencia de la ley. Pero le diré, la verdadera brutalidad nunca ha sido la escena de las bolsas blancas, la brutalidad histórica e imperdonable fue entregarle las llaves de la soberanía nacional a quienes masacran, mientras se maniataba a los soldados de la República.
Si la escenografía del presidente caminando entre los vestigios de la criminalidad resulta perturbadora para los teóricos del apaciguamiento, significa que la notificación de cobro ha aterrizado exactamente donde debía. Se acabó el carnaval de la impunidad y la farsa de las mesas de diálogo que funcionaban exclusivamente como retiros espirituales para el rearme estratégico. A las estructuras narcoterroristas no se les ruega, se les somete con todo el peso del rigor normativo y la superioridad táctica militar. Y si la pedagogía de la firmeza requiere una estampa visual implacable para que la arrogancia armada entienda por fin que su tiempo de inmunidad expiró, entonces que la historia registre esa crudeza como el antídoto necesario para devolverle el territorio a los colombianos. La autoridad no se negocia, se ejerce.
Guillermo Saa
Cogitaciones meas 