En este país, la historia oficial se reescribe cada cuatro años dependiendo de quién tenga las llaves de la Casa de Nariño. El Museo Nacional, concebido para ser el disco duro de nuestra memoria y el espejo de nuestras complejidades, ha sido secuestrado por el populismo de turno, convirtiéndose en una simple sala de estar para los caprichos presidenciales. Hemos tolerado que el patrimonio se confunda con la autobiografía política, y que la gestión cultural se reduzca a la decoración de interiores con los fetiches de la guerra.
El punto de quiebre de esta instrumentalización lo vimos cuando la institucionalidad decidió, por decreto y saltándose todo rigor museológico, que el sombrero de Carlos Pizarro o las banderas de grupos como el M-19, las FARC y el ELN merecían estatus de patrimonio nacional. Exhibir estos objetos desprovistos del contexto crítico que exige la historia reciente no es un acto de pedagogía, es un ejercicio de vanidad ideológica. Es transformar un espacio público en un santuario privado para que una facción política vaya a encenderle veladoras a su propia nostalgia guerrillera. Y, como en todo péndulo extremista, esta politización sirvió en bandeja de plata la excusa para que la siguiente administración vaciara las salas bajo el disfraz de un patriotismo de brocha gorda. Unos imponen la historia a la fuerza, y otros pretenden borrarla dejando las paredes en blanco.
Pero el mayor crimen de esta «historia a la carta» no es la exaltación del victimario, sino el silenciamiento sistemático de las verdaderas cicatrices de la nación. Al elegir qué rebeliones romantizar, el Estado borra del mapa la crudeza del cuadro completo. No hay rastro de las motosierras de las AUC, ni del terrorismo indiscriminado de los carteles del narcotráfico en los años ochenta y noventa. Quien camina por esas salas recibe un menú de degustación cuidadosamente filtrado, donde se oculta que en Colombia el dolor no tuvo un solo dueño ni la violencia una sola bandera.
Si vamos a abrir la caja de Pandora de nuestro pasado, el eje central no puede ser el instrumento del que dispara, sino la dignidad del que recibe el impacto. El verdadero patrimonio de Colombia está en el bus destrozado por la bomba del edificio del DAS en 1989 y en el cristo mutilado por el cilindro bomba en la iglesia de Bojayá en 2002. Obligarnos a mirar la tela del uniforme de quienes nos hicieron la guerra, en lugar de pedirnos un minuto de silencio frente a las pertenencias de los secuestrados y masacrados, es una miseria moral y una revictimización auspiciada con nuestros impuestos. Y esa memoria, para ser verdaderamente nacional, debe trascender la violencia humana y abrazar los embates de nuestra geografía. La cultura no es solo lo que se pinta al óleo; es la capacidad de un pueblo para no dejarse extinguir. Eventos como el terremoto y tsunami de Tumaco en 1979, o la avalancha de Armero, son los verdaderos moldeadores de nuestra identidad. Cuando la tierra tiembla y el mar se traga la costa, no hay ideologías, izquierda ni derecha; solo hay colombianos sacando a sus vecinos del barro y reconstruyendo la vida desde la nada absoluta. Esa resiliencia frente a la tragedia es el testimonio más puro de lo que somos.
Es hora de rescatar nuestra historia de los políticos que la usan como espejo retrovisor de sus egos. Necesitamos un museo que no nos exija aplaudir retrospectivamente a los victimarios, sino que nos invite a una catarsis colectiva frente a las ausencias que nos unen. Porque el mayor tesoro que tiene este país no son los símbolos de quienes intentaron destruirlo, sino la dignidad infinita de quienes, contra todo pronóstico, sobrevivimos para contarlo.
